Piqueteros > Por Laura Vales*

Entre 1995 y el 2002, en la Argentina se duplicó la cantidad de pobres. El índice de desocupación, que en 1990 era del 6 por ciento, llegó en el 2002 al 21,5. En un corto periodo histórico, millones de personas se encontraron sin sostén, despojadas de los mínimos recursos para la subsistencia y de toda posibilidad de futuro. Había un país nuevo, y en él crecientes porcentajes de la población eran considerados desechables.

El primer pico de desempleo se registró en 1996. En ese mismo año nacieron las organizaciones piqueteras del conurbano. En su mayor parte se trató de comisiones barriales que se reunían para solucionar el problema el hambre. En La Matanza, por ejemplo, la idea de organizarse cobró impulso luego de que un grupo de vecinos y militantes hicieron un censo de salud infantil en el asentamiento María Elena. Detectaron que el 20 por ciento de los chicos estaban desnutridos. Armaron una olla popular frente a la municipalidad. En uno de los canteros de la plaza de San Justo, frente al despacho del intendente Alberto Pierri, un conjunto no muy grande de manifestantes se instaló con un petitorio de ocho puntos, al tope de todos la entrega de alimentos.

La protesta funcionó como un imán para otras comisiones barriales. Allí, durante el mes de mayo del '96, estuvieron todos los que más tarde constituirían el movimiento piquetero de La Matanza. Cuando el número de barrios que participaban del reclamo había aumentado de seis a veintiseis, obtuvieron un primer triunfo. Pierri se comprometió a enviarles cada 15 días bolsones de comida a los asentamientos, con la condición de que las familias se anotaran en un padrón.

Así empezaron a organizarse. Decir que habían conseguido una conquista común sería contar sólo la mitad de lo que sucedió, porque la protesta avanzó tumultuosa, ya conteniendo dentro de sí fuertes disputas internas entre los sectores de izquierda que se fracturaron y retiraron de la plaza antes de llegar al final. Pero con todo, la olla fue el punto de inicio de las organizaciones, especialmente de las vinculadas a la vertiente sindical.

En el conurbano sur, al mismo tiempo, se afianzaban grupos de perfil autónomo, independientes de sindicatos, iglesias, ongs o partidos políticos, incluyendo a los de izquierda.

Eran años en los que los desocupados del Gran Buenos Aires buscaban una manera de organizarse sin todavía encontrar un método efectivo. Tenían un fuerte debate interno, porque muchos sentían que pedir comida era indigno. Igual con los planes de empleo. Finalmente tres criterios se generalizarían: aceptar los planes, usarlos para organizarse y continuar la movilización por medidas de fondo.

Con este mecanismo, las organizaciones piqueteras crecieron rápidamente. Y dieron un salto en 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde, ante la necesidad de frenar el estallido de diciembre del 2001, lanzó el plan Jefes y Jefas de Hogar, un programa que por primera vez tuvo un criterio de distribución universal. Los subsidios pasaron a ser un derecho: todo desocupado jefe de hogar con chicos en edad escolar podía acceder a uno.

El programa tuvo una consecuencia imprevista para el gobierno: la conflictividad, lejos de atenuarse, aumentó. Con un piso mínimo, los piqueteros estuvieron en mejores condiciones de profundizar su lucha. Pronto fue evidente que habían ganado en capacidad de movilización y reclamo. A cuatro meses del lanzamiento, el gobierno cerró la inscripción.

La masacre de Avellaneda, el 26 de junio del 2002, fue un quiebre en la lógica de crecimiento de los movimientos. La represión que dejó 33 heridos de bala, dos muertos, que incluyó el allanamiento ilegal de un local de Izquierda Unida, que se continuó en el intento de instalar desde los despachos ministeriales la idea de que los desocupados se habían matado entre ellos, que finalmente, después de fallar, obligó al llamado de elecciones presidenciales anticipadas, dejó en los movimientos daños todavía visibles. Y funcionó como un límite al reclamo: hoy, tres años después, no se ha conseguido lo que se pedía entonces: el aumento del monto de los planes (aún de 150 pesos), su universalización, la creación de puestos de trabajo genuino.

Con la llegada de Kirchner al poder, la novedad fue la adscripción de sectores piqueteros al oficialismo. La crisis en el movimiento se desocupados se profundizó. Fragmentados en decenas de agrupaciones, pasó a un primer plano la pregunta sobre cuánto sentido tiene continuar sosteniendo una política de acumulación basada en los planes de empleo. Especialmente cuando los gobiernos manejan de manera discrecional su asignación.

Es difícil ver, todavía, como va a resolverse este debate. ¿Sobre quién presionar? ¿Hay que exigir la creación de puestos de trabajo a las empresas con mayores ganancias o limitar el reclamo al Estado? ¿Es posible generar trabajo desde las propias organizaciones? De abrirse las fábricas, ¿cuántos podrán reingresar? ¿Lo harán quienes tienen más de 40 años? ¿De qué calidad son los puestos de trabajo que hoy se están creando? ¿Valdría la pena haber luchado tanto si la reinclusión implica aceptar condiciones de explotación? Esas son algunas de las preguntas de una búsqueda que todavía continúa.

* Periodista.